Ayuso y el Gobierno central: el nuevo conflicto por la «ley Bolaños»

El pulso entre Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno de Pedro Sánchez suma un nuevo capítulo. En esta ocasión, el epicentro es la conocida como «ley Bolaños», una normativa estatal que busca mejorar la atención al cliente en sectores como telecomunicaciones, banca y suministros. Sin embargo, detrás de su aparente carácter técnico se esconde una nueva batalla política entre la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo central. ¿Por qué genera tanta controversia esta ley? ¿Qué reclama Ayuso? ¿Y qué implicaciones tiene este nuevo desencuentro institucional?

¿Qué es la «ley Bolaños» y por qué afecta a las comunidades?

La Ley de Servicios de Atención al Cliente, impulsada por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, establece nuevas obligaciones para las empresas en relación con sus canales de atención al consumidor. Entre otras cosas, fija tiempos máximos de espera, mayor transparencia y refuerza la obligación de resolver quejas en plazos razonables.

El problema, según denuncia la Comunidad de Madrid, está en que la implementación de la ley recae directamente sobre las comunidades autónomas, que deben asumir los costes de inspección, vigilancia y régimen sancionador. Madrid cifra ese gasto en 43 millones de euros, y critica que el Gobierno no haya previsto ningún tipo de financiación adicional para su cumplimiento.

El requerimiento de Ayuso y el camino al Tribunal Supremo

El 10 de abril de 2025, Ayuso presentó un requerimiento formal al Ministerio de Justicia exigiendo un informe detallado de los costes y su justificación. Tras no recibir respuesta, el 5 de mayo anunció que llevaría el caso al Tribunal Supremo si no había avances en cinco días.

Con el plazo ya expirado, la Comunidad de Madrid ha confirmado que ha activado su séptimo recurso contencioso-administrativo contra decisiones del Gobierno de Sánchez. Para Ayuso, la ley representa una nueva muestra de recentralización encubierta y califica la norma de «ideológica» y «desequilibrada».

Un conflicto con raíces: el Dos de Mayo de 2023 y la tensión protocolaria

La tensión entre Ayuso y Bolaños no es nueva. Uno de los episodios más recordados tuvo lugar en 2023, durante los actos institucionales del 2 de mayo en Madrid. En aquella ocasión, la presidenta de la Comunidad vetó la presencia del ministro Bolaños en la tribuna presidencial, lo que fue interpretado como una falta de respeto institucional y una vulneración del protocolo oficial.

Este choque previo refuerza el carácter personal y simbólico que ha adquirido el actual enfrentamiento, más allá del plano jurídico.

Contexto político: la estrategia de Ayuso y las críticas de la oposición

Mientras lanza su ofensiva contra el Gobierno central, Ayuso también enfrenta presiones internas. La oposición ha criticado sus ausencias recientes en la Asamblea de Madrid, especialmente en un momento sensible tras las investigaciones sobre su pareja, Alberto González Amador, por presunto fraude fiscal.

Desde el PP madrileño, sin embargo, se acusa al Ejecutivo de Sánchez de utilizar la Fiscalía como arma política, intentando debilitar la imagen de Ayuso con una ofensiva judicial paralela a la institucional.

Ayuso y Bolaños

El enfrentamiento por la «ley Bolaños» es mucho más que una disputa administrativa: simboliza el constante pulso entre dos modelos de gobernanza enfrentados. Para Ayuso, representa una invasión competencial y una carga económica injustificada. Para el Gobierno central, una herramienta para proteger los derechos de los consumidores.

Con el recurso ya en marcha, el conflicto seguirá escalando, y lo que comenzó como una ley técnica podría convertirse en un nuevo hito en la guerra política entre Moncloa y Sol.

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