Fallos en pulseras telemáticas generan preocupación sobre la protección a víctimas

La Fiscalía General del Estado ha revelado que fallos técnicos en los dispositivos de control telemático, usados para vigilar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género, provocaron que algunas sentencias fueran archivadas por falta de pruebas.

Fallos en pulseras telemáticas

El problema se originó tras un cambio de operadora del servicio entre marzo y diciembre del último año, cuando se detectaron errores en el volcado de datos que impidieron verificar si los agresores habían incumplido las restricciones impuestas por los jueces.

Reacciones y críticas

El Partido Popular ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, alegando que el Gobierno “ocultó información” sobre los fallos y no actuó con la rapidez necesaria.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad insiste en que el error se ha corregido y que no hubo un riesgo real para las víctimas, aunque reconoce que se generó alarma social por la falta de datos claros en un primer momento.

Cómo funcionan estas pulseras

Estos dispositivos permiten que la policía reciba alertas inmediatas si una persona con orden de alejamiento se acerca a la víctima. Están conectados a una central de seguimiento que verifica la ubicación tanto del agresor como de la víctima en tiempo real.

Cuando el sistema falla, es imposible demostrar si la distancia de seguridad se ha incumplido, lo que puede tener consecuencias judiciales graves, como la absolución de agresores o la falta de medidas cautelares efectivas.

Medidas para evitar que se repita

El Gobierno ha anunciado que:

  • Se realizará una auditoría completa del sistema.
  • Habrá controles periódicos para garantizar su fiabilidad.
  • Se estudiará un refuerzo tecnológico con empresas especializadas para evitar nuevos errores.

Qué está en juego

La protección de las víctimas de violencia de género depende en gran parte de la fiabilidad de la tecnología. Un solo fallo puede dejar desprotegida a una persona en riesgo, por lo que organizaciones de defensa de derechos de las mujeres han pedido máxima transparencia y mejoras urgentes en el sistema.

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